Defensoría del Vecino de Montevideo quiere que el Estado escuche a la academia y a la sociedad civil

COSTO DE LAS PATENTES AFECTA DERECHOS HUMANOS

El gran aporte que tanto la academia como la sociedad civil pueden hacer para solucionar la llamada “guerra de las patentes” no ha sido atendido por el sector político en su conjunto, que en ha intentado defender más sus pequeñas chacras que afrontar la situación con una visión de país y sin tener al ciudadano y a sus derechos, que deben ser el objeto de preocupación del Estado, como su prioridad.

Ese es el pensamiento, en términos generales, que tiene el Defensor del Vecino de Montevideo, Psic. Fernando Rodríguez, luego de que su oficina organizara el seminario “¿Qué tienen para decir la sociedad civil y la academia sobre el tema Patente de Rodados?” el pasado 30 de setiembre, y del cual participó la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (ASCOMA).

Rodríguez aseguró que dicho seminario “se inscribe dentro de un marco de trabajo que vamos a ir profundizando en los próximos tiempos, que tiene que ver con analizar las cuestiones presupuestales, con enfoque en los derechos humanos”.

Dijo que, desde su punto de vista, las políticas públicas, tanto nacionales como departamentales, “son herramientas para garantizar el derecho. Dentro de las políticas públicas, existe un soporte muy importante, que son las cuestiones presupuestales. Un gobierno, municipal o nacional, puede armar su presupuesto de distinta manera y con diferentes insumos. Uno de ellos son las vulneraciones de derechos de los ciudadanos. Y en su propuesta deben buscar superar esas vulneraciones (pobreza, vivienda, trabajo). Un presupuesto que no está hecho con enfoque de derechos humanos tiene los riesgos de vulnerar derechos a la hora de recaudar, por ser una recaudación injusta, y vulnerar el hecho de la distribución de esa recaudación”.

Señaló que “nosotros decimos que lo que garantiza ese presupuesto es que el mismo se construya con criterios de derechos humanos. Y debe ser aquel que tiene, transversalmente, a la hora de recaudar y distribuir, impregnado el concepto que todo lo que hace el Estado tiene que preservar y garantizar los derechos humanos”.

En ese marco, Rodríguez dijo que los temas vinculados a los tributos que pagan los montevideanos ha ocupado el 17% de las denuncias que la Defensoría ha recibido en los tres años que lleva de funcionamiento, por lo que “entre esas denuncias y nuestra visión, es que abordamos el tema, cosa que también hicimos porque se trata de un tema de amplio conocimiento y divulgación”.

Opinó que el mismo, además, tiene varias connotaciones, siendo la más visible de ellas “el costo que tiene para un contribuyente montevideano, el empadronar y circular por Montevideo. Por un lado, el costo de la patente que es sensiblemente superior a la del resto del país. Pero además en varias zonas de Montevideo se paga por estacionar. Y además se exige el control técnico vehicular. Y también, cuando se va a asegurar el vehículo, la compañía de seguros, por ser un vehículo que transita por una de las ciudades con mayor riesgo de accidentalidad, también tiene un precio extra. Es decir, que hay cuatro elementos por los que pagar. Esa es una dimensión”.

Agregó que también hay otra dimensión, que es  que a toda esta sumatoria de variables que hacen al costo de tener un automotor en Montevideo, “se suma lo que es la evasión a empadronar en Montevideo, facilitada por otras intendencias que fijan valores de patentes de rodados muy inferiores, pero que además son vehículos que no circulan en el departamento en donde empadronan, y que por lo tanto no consumen ni gastan en el departamento donde tributan”.

Rodríguez aseguró que “hay un grave perjuicio a todos los montevideanos, y no sólo a los que  empadronan en Montevideo, sino a todos sus habitantes, porque se gastan recursos que los ciudadanos dejan de tener para otros servicios, como iluminación, pavimento, vivienda, policlínicas.  Es dinero que, de alguna manera, se le está sustrayendo a los montevideanos para desarrollar su ciudad”.

También estableció que Montevideo, por ser ciudad capital, tiene un sobrecosto, ya que le “presta servicios al resto del país, a los ministerios, a las embajadas, que están exonerados de contribución. Y el gobierno nacional no transfiere ningún monto adicional por esa condición”.

“Todo eso implica que hay una vulneración de los derechos de los montevideanos”, dijo, y es por eso que el Defensor del Vecino “está intentando restituir los derechos que tienen los montevideanos. No queremos hacerlo solos, no debemos. El análisis que hacemos es que el de la patente de rodados es un tema que ha sido discutido sólo por el ámbito político. Y no lo ha podido resolver, por más de 20 años, por visiones pequeñas, cuidando su chacra, sean intendentes o juntas departamentales”.

Considerando que había que darle aire al tema, su oficina conformó un grupo de trabajo con la Universidad de la República, la Universidad Católica, el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, ASCOMA y Cainfo, organización que trabaja en el acceso a la información pública, organizándose el seminario ya citado.

Rodríguez estableció que, tras el mismo, “quedamos  impactados por dos cosas. Una, por el nivel técnico que existe en las universidades y en la sociedad civil para analizar, discutir y proponer. Hubo un nivel  muy importante, muy rico, para hacer un análisis profundo. La otra, por algo triste: la constatación de que el sistema político no ha sido capaz de escuchar estos aportes y articular un escenario donde construir una política pública tributaria en conjunción entre los intereses políticos y los de la sociedad civil y la academia”.

Dijo que “Juntos se puede construir esa política pública. Hay un camino y eso quedó claro. Nosotros podemos jugar de puente,  porque identificamos el problema, no una solución, pero sí ingredientes para construirla, juntándonos para pensar en términos de país. Y mirar al ciudadano, que debe ser el centro de toda decisión política. En este caso, el Estado está siendo el gran vulnerador del derecho, y no, como corresponde, herramienta fundamental para garantizar los derechos del ciudadano”.

Rodríguez considera que el seminario fue un mojón muy importante, pero no el final de esta acción. Su oficina está sistematizando la información allí generada para elaborar un boletín electrónico con las presentaciones allí realizadas por los diferentes expositores, donde incluso uno de los expertos hizo la propuesta de realizar una reforma constitucional para solucionar el problema.

“Tal vez concretarla puede llevar mucho tiempo. De cualquier forma, no sería tanto, si consideramos que también en el seminario se demostró que ‘la guerra de las patentes’ se inició prácticamente al retorno de la vida democrática, hace más de 20 años y sigue sin resolverse”, comentó.